60% DE PLL ASESINADOS, CON PROCESOS POR DELITOS GRAVES

👤 Leonardo tenía 31 años y estaba a días de salir de la Penitenciaría de Guayaquil. Su boleta de excarcelación se tramitaba cuando la guerra entre bandas delictivas estalló en el pabellón 5 de ese centro. Él fue parte de los 118 presos asesinados el pasado 28 de septiembre.

Su familia desconoce los detalles de su muerte y no sabe nada de los posibles responsables. Allegados y amigos han ido a entidades judiciales de Guayaquil con fotos de él, para exigir respuestas. Pero, un mes después de la mayor masacre carcelaria de la historia nacional, la Fiscalía aún no identifica a los autores de los crímenes.

De hecho, la investigación sigue en fase inicial. Agentes de la Policía y Fiscalía han recopilado datos de lo sucedido. La información detalla que se trató de una pugna entre miembros de las bandas Los Choneros, Lobos y Tiguerones.

Ahora, los investigadores indagan la lista de presos que fallecieron para conocer su perfil criminal. EL COMERCIO accedió a esa base de datos y cruzó la información con los registros del sistema judicial. Allí se revela que, el 60% de las personas privadas de la libertad (PPL) asesinados estaban judicializados o condenados por delitos graves como asesinato, homicidio, tenencia de armas, tráfico de drogas, etc.

Los agentes cuentan que, dentro de las cárceles, este tipo de personas son reclutadas por los jefes de las mafias, para que los protejan en enfrentamientos. De hecho, en el grupo de asesinados hay personas cuyo papel era fundamental para las bandas. Por ejemplo, entre las víctimas están unas 12 personas que fueron procesadas por ingreso de objetos prohibidos.

Los detectives saben que ellos se encargaban de ingresar armas, municiones y explosivos. En el expediente judicial de la masacre reposan los análisis periciales que determinan que en los ataques se utilizaron armas automáticas, granadas y fusiles. Otra constante que se analiza es el alto nivel de violencia en los crímenes. Los reportes indican que hubo personas decapitadas, mutiladas, desmembrados e incinerados.

Ese es el caso de un joven de 33 años. Su madre relata que los peritos le dijeron que tenía cortes profundos en el cuello y rostro. El velorio lo realizaron con el féretro cerrado. Ella tampoco conoce nada de las investigaciones. “Mi hijo cometió un error y cumplía una pena de cinco años.

Pero no es justo que su vida no valga nada. No hay responsables; es como si hubieran asesinado a un animalito. No es solo uno, son 118 muertos y nadie dice nada”.

Los testimonios de otros presos señalan que el día de la matanza, entre los agresores había personas que eran conocidas por su extrema violencia. Uno de ellos era un hombre que estaba detenido y procesado por siete asesinatos en cinco años. Una de sus condenas era de 25 años de prisión.

Otra de las víctimas también tenía en su ficha judicial procesos por parricidio y femicidio. Guías penitenciarios dicen que, estos dos últimos personajes, también estuvieron presentes en revueltas pasadas.

Los reportes criminales de los asesinados también reflejan que más de 60 hombres estaban en prisión por más de un delito. Uno de los presos con más causas se llamaba Juan Gabriel E. Su ficha señala que tenía 11 cargos penales.

Pero no todos tenían antecedentes por delitos graves. Unos 22 presos tenían cargos por hurto, robo y microtráfico. Agentes han identificado estos casos y dicen que se investigan las causas de sus muertes.

Sus familiares reclaman por los crímenes. De hecho, el Ministerio de Salud dice que da acompañamiento psicológico a 15 familias. En un principio lo hizo con 80 parientes, pero luego desistieron del proceso.

Pero esta no es la única investigación por asesinatos en las cárceles que está en firme. En este año, en Ecuador, 250 presos han perdido la vida dentro de sus celdas.

Policías y militares intervienen en las cárceles, pero PPL de la Penitenciaría han realizado nuevos ataques con armas.

Fuente: El Comercio

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