La reciente ola de violencia en Ecuador abrió nuevamente el debate sobre la postura de los promotores de los DD.HH.

Hace pocos días Ecuador fue testigo de una serie de atentados en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Según el Gobierno Nacional, estos ataques estuvieron relacionados con la reubicación de más de 2.400 reos de la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil) a otras prisiones y pabellones.

Los traslados dejaron un saldo trágico de seis policías muertos y más de 30 uniformados (policías y militares) heridos.

En medio de este escenario, tanto el comandante general de la Policía Nacional en la Zona 8 (GuayaquilDurán y Samborondón), Víctor Zárate, como el ministro del Interior, Juan Zapata, reclamaron por la falta de atención de los organismos que defienden los derechos humanos (DD.HH.) para los agentes heridos y para los familiares de los uniformados fallecidos.

“¿Hay que tener una membresía especial con derechos humanos, que solo para un grupo sí y para otro no?”, cuestionó Zárate la semana pasada. Sus declaraciones se viralizaron en redes sociales.

Días después, en Contacto Directo, Zapata secundó a Zárate: “Los derechos humanos están más para los delincuentes que para aquellos hombres que están defendiendo a los buenos ciudadanos, que han sido afectados en su seguridad“.

Las declaraciones de ambos funcionarios abrieron nuevamente un debate en Ecuador sobre la postura de los promotores de los DD.HH.

¿A quiénes defienden?

En teoría, la respuesta es fácil: respaldan a todas las personas a las que se les haya vulnerado sus derechos fundamentales. No importa su razasexoreligiónideología política o condición jurídica.

Lo complicado (y a veces polémico) está en la práctica. Por ejemplo, determinar si el caso encaja o no en una vulneración de derechos fundamentales; además de identificar cuán adversa es la situación del perjudicado.

En el caso de los uniformados heridos, el doctor Juan Pablo Albán, quien es profesor de jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito y además es activista por los DD.HH., señala que sus reclamos deben estar dirigidos al Gobierno Nacional y no a los organismos promotores de los DD.HH.

“Es un error pensar que la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de los miembros de la fuerza pública es del ciudadano de a pie o de la comunidad de los defensores”, dijo Albán esta semana en Contacto Directo.

Y aunque resalta que los DD.HH. cobijan también a policías y militares, remarca que es el Estado el responsable de garantizar sus derechos fundamentales, así como del resto de ciudadanos.

Por otra parte, el abogado lamentó el ataque contra los defensores de los derechos humanos. “La protección de los derechos humanos, a diferencia del discurso que se maneja en las esferas políticas, no se limita a la protección de los derechos de las personas que están encarceladas, es la protección de los derechos de todos los ciudadanos”, sentenció.

¿A favor de delincuentes?

De acuerdo al abogado Daniel Frías, director del consorcio jurídico Ecuador Consulting Group, algunos defensores de los DD.HH. estarían incurriendo en una “desnaturalización” de los derechos fundamentales para “proteger a delincuentes“.

Según Frías, en Ecuador se afirma de manera muy apresurada que los DD.HH. de una persona han sido vulnerados, algo que solo le corresponde resolver al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El jurista coincide con el ministro Zapata y con el comandante Zárate sobre el interés que deberían demostrar defensores de derechos humanos con los agentes de la fuerza pública que resultaron heridos y los familiares de los fallecidos.

Además, Frías remarca que los reclusos no deben tener un trato preferencial por estar privados de su libertad.

En medio de esta discusión sobre los DD.HH., la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció este 11 de noviembre sobre la reciente ola de violencia en Ecuador.

Tras hacer un recuento de los hechos, expone que en el país se ha decretado varias veces un estado de excepción por motivos de seguridad.

El organismo pidió al Gobierno Nacional que “actúe bajo los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como los derechos humanos”.

Y aunque no mencionó específicamente a los reclusos, insistió en que se deben “adoptar medidas concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de la ciudadanía en general y de las personas que se encuentran bajo custodia del Estado“.

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