El presidente de la República, Guillermo Lasso, solicitó a la Fiscalía el archivo de la investigación en contra de cinco asambleístas de Pachakutik. El Jefe de Estado los señaló por, supuestamente, exigir prebendas a cambio de sus votos en el Parlamento hace cinco meses.
Para esta decisión, el Primer Mandatario invocó al artículo 586.2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y del principio de oportunidad contenido en el artículo 412 de la misma norma. Todo esto “en vista del tiempo transcurrido y en virtud de las diligencias efectuadas hasta la fecha”.
El proceso involucraba a los asambleístas Rosa Cerda, Gisella Molina, Édgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, a quienes Lasso señaló de haber requerido pagos para apoyar el proyecto de la Ley de Inversiones que terminó en el archivo del Pleno.
“Como he referido anteriormente, estas circunstancias me fueron comunicadas por terceras personas, por lo que en su momento consideré mi obligación ponerlos en su conocimiento para su verificación o esclarecimiento”, dice el oficio remitido por el Presidente a la Fiscalía.
Archivar el caso legalmente
La investigación está a cargo de Mayra Soria, fiscal de la Unidad de fuero de Corte Nacional de la Fiscalía General del Estado. El proceso arrancó el pasado 27 de marzo, un día después de que Lasso presentó una “noticia criminis” a este organismo.
El artículo 586 del Código Penal referente al archivo de causas, determina que “transcurridos los plazos señalados, de no contar con los elementos necesarios para formular cargos, el fiscal en plazo de 10 días solicitará el archivo del caso, sin perjuicio de pedir su reapertura cuando aparezcan nuevos elementos siempre que no prescriba la acción”.
