El Gobierno nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) optaron por una estrategia para enfrentar el aprieto originado con la calificación de una terna que dio paso a que Raúl González Carrión se posesione como titular de la Superintendencia de Bancos: lo inmovilizaron administrativamente.
Luego que el 11 de agosto la Asamblea Nacional resolvió posesionarlo en el cargo, pese a estar en vigencia una medida cautelar de la jueza del Guayas Larissa Ibarra que lo impide, la Presidencia de la República y el CPCCS recurrieron a esta acción que tuvo un efecto inmediato.
Este 15 de agosto, González pretendía iniciar sus actividades, pero las puertas de la Superintendencia en Quito y la regional en Guayaquil amanecieron custodiadas por barreras metálicas y decenas de efectivos de la Policía Nacional.
En Quito, por ejemplo, en una de las puertas se permitía ingresar solo a los servidores que portaban su carné de identificación. A las 09:30 se cerró la atención y se suspendieron los trámites presenciales para atender a la ciudadanía, por lo que nadie podía entrar o salir del edificio, ubicado en el centro norte de la capital
Un policía puso un comunicado impreso en una hoja de papel bond en la que se informaba a las personas que los servicios serán virtuales.
Con ello, González no pudo iniciar lo que aspiraba sería su primer día de trabajo. Se informó que estuvo preocupado porque –coincidencia o no– su vuelo a Quito, previsto en las primeras horas de la mañana, se suspendió.
Luego, cuando había intentado ingresar al sistema digital gubernamental del Estado, se le había suspendido su cuenta de correo institucional y la más importante, el Quipux, por lo que no podía emitir ninguna disposición. Entre ellas, nombrar su equipo de trabajo, desvincular o solicitar la contratación de funcionarios, emitir resoluciones, solicitar información al personal, entre otras atribuciones.
Desde Guayaquil, de donde González es oriundo, se adaptó una mesa en la vereda de la Superintendencia y acompañado por sus abogados defendió su designación y reprochó que hasta el jueves pudo usar el Quipux y a la madrugada de este lunes le bloquearon.
Desencajado y nervioso, tuvo problemas hasta para pronunciar la palabra “obstaculización” y dijo varias palabras, hasta que su abogado Rober Friend lo ayudó y contó que se enteró por un comunicado del CPCCS que Guadalupe Cabezas habría asumido como superintendenta subrogante.
La jueza Ibarra además de declarar nulo lo actuado por estos cuatro consejeros ordenó que se inicie un nuevo proceso, para lo que el presidente Guillermo Lasso envió una terna integrada por Roberto José Romero von Buchwald, Rosa María Herrera Delgado y Felipe Andrés Cabezas-Klaere.
La vicepresidenta del CPCCS, María Fernanda Rivadeneira, indicó que dicha terna está en análisis de un equipo técnico del organismo para determinar el cumplimiento de requisitos e inhabilidades de los concursantes.
Dicho equipo observó que Romero, Herrera y Cabezas cumplirían los requisitos exigidos, por lo que resta que sea conocida por el pleno del Consejo para determinar si se acogen o no sus conclusiones.
Rivadeneira explicó que la decisión de haber elegido a González fue revocada y en esa línea seguirán adelante con una nueva designación.
Cree que “hubo un error” en que el equipo técnico que revisó la terna no haya investigado o verificado la documentación de Gonzalez, quien aparentemente incurría en una inhabilidad por conflicto de intereses con el Estado.
Los consejeros de minoría Rosero, Almeida y Dávalos suscribieron un comunicado en el que aseguran que “de manera oficial no existe ningún otro proceso para designar un superintendente de Bancos”.
“El pleno del CPCCS no ha resuelto iniciar ningún otro proceso, la posición de Hernán Ulloa es unilateral”, se menciona.
Se regaña al régimen de que hay “desconocimiento de la Constitución” y pidieron correcciones para evitar “agudizar la crisis institucional”.
Hernán Ulloa aclaró que aunque haya planteado un recurso de apelación a la sentencia de la jueza Ibarra ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas, ello no suspende los efectos de la nulidad de la designación de González. (I)
