Luego del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el segundo mayor financista del presupuesto público es el Fondo Monetario Internacional (FMI). A la fecha, el saldo de la deuda con ese multilateral está en alrededor de $7.500 millones.

Los préstamos de organismos internacionales son los más baratos que se pueden conseguir en las actuales circunstancias. El promedio de la tasa de interés es menor al 4% y los plazos de pago llegan por lo menos a 17 años.

Por eso, ante la subida constante de las tasas de interés a escala mundial, la mejor opción del Gobierno de Guillermo Lasso es mantener el acuerdo con el FMI, y cumplir con los compromisos pendientes hasta diciembre de 2022.

Así se asegurará el último desembolso por $700 millones dentro del acuerdo de financiamiento vigente. Además, se mantiene la puerta abierta para posibles líneas de crédito en los próximos años.

El ministro de Economía, Pablo Arosemena, durante su última rueda de prensa en Guayaquil, recordó que desde hace más de veinte años no se ha logrado culminar con éxito un acuerdo con el FMI. Esto ha abonado al perfil de país incumplido y riesgoso que tiene Ecuador.

“Nosotros estamos trabajando por el bienestar de los ecuatorianos y es el mejor interés de los ecuatorianos culminar con éxito un acuerdo con los multilaterales y seguir trabajando en equipo, porque son ellos los que nos facilitan recursos en las mejores condiciones: plazos amplios, tasas bajas e inclusive años de gracia para, con esos recursos, asegurar el gasto social”, puntualizó.

Puntos claves

Para culminar con éxito el acuerdo con el FMI, y poder recibir los $700 millones restantes hasta finales de este año, Arosemena tiene varios retos. Por ejemplo, hasta octubre debe presentar el presupuesto estatal para 2023 ante la Asamblea Nacional.

En ese cálculo se deben ver reflejados los compromisos de optimización de gasto, sobre todo en nómina y temas administrativos. Según Eduardo Mora, economista y consultor internacional, para este año se espera un déficit fiscal (más gastos que ingresos) de alrededor de $2.200 millones; mientras en el último informe del FMI se proyecta que el monto no supere los $741 millones de déficit para el próximo año.

Arosemena no ha dado todavía mayores detalles sobre el presupuesto, pero puntualizó que se trabajará con prudencia, debido a que “los recursos son escasos y el precio del petróleo es muy volátil”.

El Gobierno de Lasso también tendrá que cumplir con la emisión de una ley más robusta contra el lavado de dinero; más transparencia en los balances de Petroecuador y la banca pública; aumento de la cobertura de los programas sociales; auditorías y mejores procesos en la contratación pública; y más transparencia en los miles de millones de atrasos y obligaciones pendientes que se arrastran desde hace años con instituciones públicas como el IESS y proveedores privados; entre otros que suman en total 11 compromisos.

Ana Belén Endara, economista y docente, comentó que ya se cumplieron pasos previos como la emisión, durante el 20 de junio de 2022, de decretos ejecutivos para optimizar el gasto y evitar procesos no competitivos en las compras estatales.

Además, en mayo de 2022, se firmó un convenio para auditar y luego pagar la deuda histórica (sobre todo en salud) con el IESS.

“El Gobierno debe encontrar un difícil equilibrio entre mantener controlado el déficit fiscal, pero no descuidar el pago de las deudas heredadas, la inversión pública, y los crecientes gastos sociales. La focalización de los subsidios de los combustibles y un mejor sistema de compras públicas podrían ayudar en ese fin”, aseveró. (JS)

Detalle de las tareas pendientes con el FMI

1.- Emitir nueva legislación antilavado de dinero en la línea de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional. El plazo es hasta octubre de 2022.

2.- Elaboración y publicación de auditorías independientes de los balances de Petroecuador y Petroamazonas correspondientes a 2019 y 2020. Además, la auditoría de los balances de 2021 de la nueva empresa fusionada bajo el nombre de Petroecuador.

3.- Balances auditados de todos los bancos públicos de 2019 y 2020.

4.-Identificar claramente todos los pagos y obligaciones pendientes con el IESS en temas de salud, además de otros atrasos con los gobiernos locales, sistemas de seguridad social, proveedores privados, etc. Se debe establecer la naturaleza del gasto, desde cuándo está pendiente la obligación y los beneficiarios.

5.- Hasta finales de septiembre de 2022, el Sercop debe publicar y transparentar la información de los beneficiarios finales de las 100 empresas con más contratos con el Estado.

6.- Emitir legislación para fortalecer el sistema de prevención y manejo de conflictos de interés en el sector público. Ampliar el actual sistema de declaración patrimonial, con el fin de incluir todos los ingresos e intereses de altos funcionarios y personas políticamente expuestas.

7.- Publicar información detallada y explicativa de la deuda con el IESS y las revisiones que se hacen para saldar esa obligación.

8.- Compartir con el staff del FMI los resultados de las auditorías a los gastos tributarios de las 100 mayores empresas contratistas del Estado durante 2020 y 2021.

9.- Presentar un presupuesto público para 2023 bajo los parámetros del acuerdo con el FMI en temas como déficit fiscal, reducción de gasto, entre otros

10.- Completar las auditorías del sistema de salud correspondientes a los años 2020 y 2021

11.- Expandir la cobertura de los programas de asistencia social a no menos del 70% de las familias en los tres niveles de más bajos ingresos.

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