La eliminación de los registros de información histórica crediticia de 1,7 millones de personas que constan en los burós de crédito con deudas vencidas de menos de $ 1.000, dispuesta en el Decreto Ejecutivo 33 por el presidente de la República, Guillermo Lasso, no se puede ejecutar de manera inmediata.
Primero deben cumplirse al menos dos pasos: la conformación de la nueva Junta de Regulación de Política Financiera y que esta a su vez emita las directrices que aclaren una serie de dudas que genera el decreto.
Mientras tanto, la decisión del presidente Lasso, tomada el 24 de mayo pasado, pese a haber sido una oferta de campaña, no sería técnica y no cumpliría el objetivo que se ha trazado de permitir un mejor acceso a créditos, según Asobanca y Equifax.
El Decreto Ejecutivo 33 dispone que las entidades que brindan el servicio de registro de información histórica crediticia deberán eliminar de dichos listados a las personas con deudas menores de $ 1.000 en caso de que la obligación se haya generado en el sistema financiero o en los segmentos 1 y 2 de las cooperativas. Para los otros segmentos, el monto de deuda para que el deudor pueda ser eliminado del registro es de $ 500. El decreto no elimina la deuda ni el derecho de cobro.
Fuente: El Universo
