La situación de las cárceles en el país siguen en análisis tras las revueltas ocurridas en semanas anteriores, dejando un saldo de 80 muertos, por lo que las asociaciones de agentes penitenciarios buscan soluciones para el futuro.
Según esta entidad se busca una «auditoría» a la inversión estatal realizada en el sector carcelario de los dos últimos estados de excepción.
La Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador (Aspe) y la Asociación de Servidores Penitenciarios Activos (Asosepen), apuntan que no existe un equipo antimotines para controlar un próximo acto violento colectivo de los reos.
El Snai (Servicio de Rehabilitación) informó que durante el 2020 se invirtieron cerca de USD 195 415 armas no letales para los guías y USD 500 000 en radios y repetidoras para la comunicación del personal. Los guías señalaron que el Estado debe garantizar la seguridad de sus compañeros. Indican que hay mafias que amenazan a los guías que “no se alinean” a sus intereses.
Según sus estadísticas, cinco guías han sido asesinados, al estilo sicariato, fuera de las cárceles. Otros han quedado heridos.
Es por ello que ambas asociaciones ven con urgencia la inclusión de un equipo de antimotines que permita responder en primera persona y forma inmediata, para evitar otra masacre.
