Analistas creen que la estabilidad del reconocimiento del político opositor depende casi exclusivamente de la postura que asuma Biden.
Venezuela inició una nueva etapa política tras la juramentación de los 277 diputados electos en diciembre, lo que ha restado aún más fuerza al opositor Juan Guaidó, quien perdió el único poder que se encontraba en manos de la derecha desde 2016. Sin embargo, el exdiputado aún cuenta con el respaldo de EE.UU. y ha tratado, por medidas inconstitucionales, la “extensión” de su interinato.
Aunque Guaidó optó por llamar a la abstención y desconocer el resultado de los comicios, la pérdida real de la jefatura del Parlamento y el acatamiento de varios exdiputados al fin de su investidura han develado, una vez más, las profundas diferencias que hay en el seno de la derecha nacional.
Después de casi dos años de fracasar en el intento de sacar a Nicolás Maduro del poder, Guaidó prometió —en una ceremonia con menos de 10 % de los exdiputados que le apoyan— que durante 2021 “hará realidad” la “transición a la democracia” con “el apoyo de aliados internacionales”. Tras ese acto, solo el saliente gobierno de EE.UU. y las autoridades de Canadá, Colombia, Brasil, Chile, lo respaldaron con declaraciones oficiales.
Incluso la Unión Europea (UE), que había mostrado un férreo apoyo al opositor venezolano, emitió el miércoles un sorpresivo y escueto comunicado en el que dejó de denominar a Guaidó como “presidente interino”, y solo lo llamó “representante” de la Asamblea “saliente” elegida en 2015.
Ante este panorama, los expertos en materia legislativa advierten que la oposición radical, una vez más, actúa al margen de la legalidad. “No existe nada en el marco jurídico nacional que avale esa extensión ni la consulta que realizó Guaidó para darse continuidad en la AN. Es absurdo”, señala el abogado Fénix González, quien asegura que el opositor debería ser procesado por la justicia.
