Con nueve votos a favor, un voto en contra y una abstención la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, aprobó el informe que recomienda el juicio político contra la ministra de gobierno María Paula Romo, por el supuesto incumplimiento de funciones relacionado a las violentas manifestaciones de octubre del 2019.
En el informe la Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea la censura y destitución de la ministra Romo. Para que así ocurra el Pleno deberá contar con el voto de al menos 91 asambleístas.
Los auspiciantes del juicio político contra la ministra son los asambleístas Lourdes Cuesta y Roberto Gómez, exCreo; y, Amapola Naranjo, de la Revolución Ciudadana.
Según los interpelantes, la ministra de Gobierno habría incumplido sus funciones como responsable política del excesivo uso de la fuerza en la represión policial de las protestas, por permitir el uso de bombas lacrimógenas caducadas; por inobservar las normas relacionadas con acciones humanitarias y zonas de paz, relacionado al uso de bombas en recintos universitarios que acogieron a los violentos manifestantes en calidad de «centros de paz»; y, por la convocatoria tardía al Comité Interinstitucional de Protección a Periodistas.
Sobre el uso de las bombas caducadas, Naranjo y Gómez tuvieron argumentos contradictorios.
La asambleísta correísta argumentó durante este proceso de calificación de juicio contra Romo, que los efectos de las bombas lacrimógenas caducadas son altamente tóxicas y nocivas para la salud humana y dijo que eran suficientes «para matar a un humano en cuestión de minutos«. Mientras que Gómez, exmilitante de CREO, señaló por el contrario que las bombas caducadas pierden toxicidad, por lo que, al no servir para dispersar a los manitestantes, «se puso en riesgo la integridad de los policías«.
